Shakira y Gerard Piqué finalmente firmaron este jueves 1° de diciembre, en un juzgado de Barcelona (España), un acuerdo por el bien de sus hijos. La cantante colombiana y el exfutbolista español sellaron el pacto que le permitirá a la artista poder establecerse con Milan y Sasha en Miami (Estados Unidos).
El acuerdo se alcanzó después de meses de negociaciones entre los equipos de abogados de ambos tras su separación, anunciada esta primavera.
Shakira y Piqué llegaron por separado al juzgado y acompañados de los respectivos letrados, reseñó EFE.
Tras rubricar el acuerdo, el letrado de Piqué, Ramon Tamborero, explicó a la prensa que «los dos están más tranquilos, más relajados». Asimismo, han pensado «en el bien de sus hijos».
El trámite de la firma transcurrió de forma «correcta, como no se esperaba de otra manera, delante del juzgado. A partir de ahora solo queda esperar la sentencia una vez que el fiscal apruebe el convenio», destacó Tamborero.
Verdades, mentiras y otras menudencias
El abogado desmintió algunas informaciones que aseguraban que el acuerdo impedía a Piqué establecer su residencia en Miami. También negó que no podrían verse con los niños acompañados de sus futuras parejas.
Por su parte, ni la letrada de Shakira ni la propia cantante quisieron atender a la prensa.
Hace unas semanas, Shakira y Piqué explicaron en un comunicado que habían firmado «un acuerdo que garantiza el bienestar» de sus hijos. Solo estaba pendiente de ratificarse ante el juzgado. «Como parte de un trámite meramente formal».
Fuentes del entorno de la cantante explicaron entonces a EFE que la artista prevé mudarse a Miami con sus hijos a principios del próximo año. Los niños nacieron en Barcelona y han vivido allí durante los últimos ocho años.
La artista tiene ya desde hace años una residencia en Miami. En ella su familia materna ha vivido los últimos años también.
Más allá de la cuestión de la separación y la custodia de los niños, Shakira tiene pendiente una causa penal en España por varios delitos económicos contra la hacienda pública.
La Fiscalía pide para ella ocho años y dos meses de prisión y una multa de cerca de 24 millones de dólares.