Va tomando carácter de urgencia la necesidad de legislar en relación con el uso de las redes sociales, para que el sentido de la responsabilidad acompañe la acción de los usuarios. O, cuando menos, que los dueños de tales empresas afinen mecanismos para evitar que quienes carecen de escrúpulos puedan usar el anonimato como escudo a la hora de publicar mensajes que, en más casos de los deseados, tienen tono de atrocidad. En este terreno, como en la mayoría, la impunidad hace un daño lamentable a la convivencia.
Lo sucedido recientemente con el animador Dave Capella permite analizar la situación. Ingresado junto a su madre por complicados cuadros clínicos, allegados decidieron crear una cuenta en GoFundMe para recaudar los 40.000 dólares que permitan hacer frente a las facturas. A este hecho le siguió la publicación del post en una cuenta que usurpa la identidad de una conocida columnista, asegurando que la colecta era una estafa.
Vale un paréntesis para diferenciar a una cuenta anónima en Instagram de una columna de chismes en un periódico de circulación nacional. En la primera, nadie da la cara. En la segunda, sí. Si alguien se siente perjudicado por determinada publicación y decide emprender acciones legales, bien sea el medio, la directiva o la empresa debe responder ante los tribunales.
De vuelta al tema central, la difusión del referido post tiene delicadas consecuencias. En forma directa, para el propio Capella. En la actualidad, es mínimo el porcentaje de la población venezolana que puede enfrentar un problema de salud con el dinero disponible en el banco. Es de conocimiento público el monto que puede alcanzar una hospitalización de varios días o, peor aún, la permanencia en terapia intensiva. Y un trabajador de la televisión no es diferente a otro ciudadano, aunque en el imaginario colectivo exista la falsa impresión de que todos los artistas son millonarios.
Y en forma indirecta, tal vez la consecuencia más grave, es que la publicación de esas especies merma la confianza de quienes ejercen la solidaridad a través de plataformas tan necesarias y efectivas en los tiempos que corren como es GoFundMe. Casi semanalmente se conocen casos de figuras públicas que recurren a esa herramienta como una tabla de salvación para ayudar a seres queridos que carecen de recursos. ¿La idea es minar esa valiosa alternativa benéfica?
Por ello, ante una perversa distorsión de lo que es la libertad de expresión, debe haber un marco jurídico que frene algunas aberraciones. Cuando las demandas, las multas o la cárcel tumben caretas, muchos lo pensarán mejor antes de mover los dedos con ligereza.